29 octubre 2007 Interviu

29 octubre 2007

La companya Ana Maria Pascual va ser l’encarregada de presentar un reportatge sobre la tasca de recerca de víctimes realitzada per l’AMIC Robert. El reportatge es un homenatge i un reconeixement a tota la feina ben feta.

294 heridos por ETA, en la cola de la burocracia. 

Son víctimas olvidadas, muchas arruinadas y con problemas psicológicos, a las que ningún funcionario les informó de sus derechos y que no recibieron jamás la llamada de solidaridad de un político.

Víctimas sin un céntimo

Hay víctimas del terrorismo en España con serios problemas económicos, y, lo que es peor, las hay que no han percibido nunca la indemnización que el Estado contempla para sus casos. El Ministerio del Interior ha localizado 294 cuyas sentencias judiciales corresponden al periodo 2000-2006.

Mediante la presente Ley la sociedad española rinde tributo de honor a cuantos han sufrido la violencia terrorista", dice en su comienzo la Ley 32/1999, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Este texto y el articulado que le sigue fueron aprobados por unanimidad en el Congreso el 8 de octubre de 1999. La norma venía a solucionar un grave problema con el que chocaban las víctimas a la hora de percibir la indemnización que marca el juez tras juzgar un atentado: la insolvencia del terrorista. Así, el Estado adelanta el dinero de las indemnizaciones. No debería haber, por tanto, ningún damnificado por el terrorismo sin su correspondiente resarcimiento económico. Pero los hay, y son muchos.

Por ejemplo, Antonio Pérez Jiménez, víctima del atentado que ETA cometió contra el Gobierno Militar de Barcelona en 1994. Jamás ha recibido un duro de las 264.000 pesetas que, en el año 1996, le asignó la Audiencia Nacional. Ni dinero ni atención psicológica. Ningún funcionario del tribunal ni de la Administración del Estado se puso en contacto con él para explicarle que tenía derecho a una indemnización. Con la entrada en vigor de la Ley de Solidaridad, tampoco nadie le informó. Ni el Ministerio del Interior, desde la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, ni desde la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que durante muchos años fue la única ONG que recibía subvenciones públicas para atender a los damnificados por ETA. El Ministerio del Interior quiere reparar estas injusticias, y, al poco de ponerse manos a la obra, ya ha localizado 294 víctimas de ETA, con sentencias del periodo 2000-2006, que no han cobrado su indemnización. "Algunas cantidades llegan a los 60.000 euros” explica José Manuel Rodríguez Uribes, director general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, dependiente de Interior. La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) está en el origen de la búsqueda emprendida por Interior. "Su labor ha sido clave para poder reparar estas situaciones –dice Rodríguez Uribes–. Animo a los demás colectivos de víctimas a hacer lo mismo" .

El artífice de la búsqueda es Roberto Manrique, portavoz de ACVOT, víctima directa del atentado de Hipercor, en el que murieron 21 personas y 46 resultaron heridos, en 1987. "Nuestra labor en ACVOT es asistencial y por eso llevamos años localizando a víctimas para informarlas de sus derechos y poder ayudarlas –explica Manrique–. Nos hemos encontrado víctimas casi a punto de enloquecer, porque durante décadas han vivido en la más absoluta de las soledades, sin apoyo psicológico". Manrique entregó a Rodríguez Uribes una lista con 103 víctimas que habían sufrido atentados en Cataluña y cuyas sentencias judiciales fijaban unas indemnizaciones que nunca habían cobrado. El portavoz de ACVOT sospecha que puede haber más de las 294 víctimas sin reparación que ha encontrado interior. Podrían ser 500: "Es que hay muchas víctimas sin sentencias porque no se ha detenido a los terroristas", explica Manrique. La Ley prevé también estos casos: cuando no hay aún una sentencia judicial que especifica una indemnización, se ha de aplicar un baremo provisional en función de las secuelas de las víctimas.

Irene Guinart Montell 

Lleva en la yugular una esquirla de la bomba de ETA contra el aeropuerto de Reus (20 de julio de 1996).

Once años en el olvido.

A primera vista, Irene Guinart es una chica sana y alegre, pero por dentro lleva su penitencia. Tiene 21 años y es azafata del AVE Madrid-Lleida. Cuando contaba diez años, un atentado terrorista la marcó para siempre, a ella y a su familia. El 20 de julio de 1996 un comando itinerante de ETA hizo estallar una bomba en una papelera del aeropuerto de Reus (Tarragona) hiriendo a 35 personas, la mayoría extranjeros. Aún no se ha detenido a los autores. A Irene le estallaron los tímpanos. Numerosos trozos de metralla se le clavaron por todo el cuerpo. Aún tiene marcas en rostro, brazos y piernas. Su madre, Isabel Montell, de 43 años, y su abuela, María Lorenzo, de 65, también resultaron afectadas. Ambas trabajaban en la limpieza del aeropuerto. A Isabel hubo que reconstruirle la pierna izquierda; María cayó en una profunda depresión que casi acaba con su vida. A las dos mujeres se les reconoció la incapacidad permanente total, cobraron una indemnización de 48.080,97 euros y perciben casi 1.400 euros al mes de pensión. Pero la Administración, inexplicablemente, se ha olvidado de la pequeña, que aún no ha percibido nada en concepto de indemnización. Las secuelas que arrastra Irene desde el atentado no le permiten hacer una vida normal. Junto a su yugular tiene alojado un trozo de metralla. "Los médicos me han dicho que mejor no lo tocan, que está en una zona muy delicada", explica la azafata. Irene además tiene una fisura en el tímpano derecho que requiere cuidados especiales e impone limitaciones: "Prácticamente no me baño en la playa ni en la piscina". Pero su herida "más honda" es otra: "La insolidaridad que he sufrido y que sufro por parte de la Administración –explica la joven–. En once años, nunca he recibido la llamada de ningún político interesándose por mi salud. Hace dos años en Interior me dijeron que mi expediente no existía, pero luego reconocieron su error". 

José María Clúa Castells 

Un ex miembro de Terra LLiure le dejó cojo y sordo con un explosivo en Barcelona (13 de mayo de 2002). Dicen que lo suyo no fue un atentado

La ancianidad de José María Clúa, de 88 años, se ha estropeado con un negro episodio. El 13 de mayo de 2002, mientras regaba sus plantas en la terraza, a Clúa le alcanzó de llenó una explosión. Eran las dos de la madrugada. Guillem Godó Blasco, que había militado en la extinta banda terrorista Terra Lliure, había colocado un artefacto explosivo en una oficina de La Caixa en Barcelona, en los bajos del edificio en cuyo segundo piso reside José María. Al anciano se le incrustó un fragmento de metralla en la pierna izquierda, que cinco años después le sigue dando problemas. También ha perdido capacidad auditiva y, lo peor, se le ha agravado la insuficiencia coronaria que ya sufría, según consta en la sentencia de su caso. El fallo ordena que Guillem Godó indemnice a Clúa con 57.250 euros, pero la sentencia ha sido recurrida y, hasta que sea firme, el anciano no verá ni un euro de su indemnización.

Eso, contando con que el condenado no sea insolvente, en cuyo caso jamás se hará justicia con Clúa. Guillem Godó ha sido condenado en varias ocasiones a penas de prisión por la colocación de artefactos explosivos en sucursales bancarias. Son hechos que los tribunales sentenciadores calificaron como delitos de terrorismo. Pero en el caso de Clúa el Estado no considera el atentado como terrorista y ha rechazado su petición de recibir la indemnización con cargo a la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Esta Ley indica que son beneficiarios de ella "las víctimas de actos de terrorismo". El anciano está desolado: "Me duele que la ley me deje en la estacada, que mi país me dé la espalda".

Dolors Closas Viladrich

Le faltan por cobrar 46.000 euros por el atentado de Hipercor (19 de junio de 1987)
"He perdido 20 años de mi vida"

Mediterráneo, de Serrat, sonaba en el centro comercial. Dolors estaba en la carnicería. Tarareaba la canción cuando todo se convirtió en fuego. El atentado de Hipercor ha sido el peor de ETA: 21 muertos y 45 heridos. Dolors, funcionaria de la Generalitat, asegura que está empezando a superarlo: "No puedo confesar mi edad, porque he perdido 20 años de mi vida. El reloj que llevaba ese día se paró en la hora exacta de la explosión, porque la pila se desintegró. Lo mismo le pasó a mi vida. He sufrido, además, la incomprensión de mis jefes. Pocos han entendido mi trance, mis depresiones". Además de todo, Dolors ha sufrido también el maltrato de la burocracia. Ha cobrado una indemnización de 46.000 euros con cargo a la Ley de Solidaridad, pero se le debe aún otra indemnización por el mismo importe. Es el pago al que está obligado el Estado por negligencia a la hora de desalojar Hipercor ante el aviso de bomba de los etarras. Como Dolors, otras 35 víctimas de Hipercor no han cobrado aún esta indemnización. El pasado mes de junio, en un homenaje a las víctimas de Hipercor, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se comprometió a impulsar el cobro de esas cantidades que faltan.

Aurora Merinero

Perdió a su marido en el incendio del Hotel Corona de Aragón (12 de julio de 1979)
Viuda con 207 euros de pensión

Una vez, Aurora Merinero, madrileña de 69 años, coincidió con el ex Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, y le contó su caso: "Me dolió lo que me dijo: «Ah, pero qué poco moderna es usted; tendría que haberse arrejuntado»". Parte de la culpa de la precaria situación económica de esta señora la tiene una boda, su segundo matrimonio. Aurora es víctima directa del extraño incendio del Hotel Corona de Aragón, ocurrido el 12 de julio de 1979, que aún no ha sido considerado atentado terrorista por el Estado, aunque sus víctimas sí que han cobrado las indemnizaciones de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Ella y su esposo, José Luis Serrano, se encontraban aquel día en el hotel. Él murió asfixiado y Aurora fue rescatada cuando estaba a punto de perecer. Esa imagen fue publicada por todos los diarios. La mujer estuvo varios días hospitalizada, pero jamás percibió ni un céntimo por ello. En 1986, Aurora volvió a enamorarse y se casó, pero salió mal, y al año y pico ya estaba divorciada. "Mi segundo marido ha muerto y me quedan 207 euros de pensión". En 2000, Aurora fue considerada por el Gobierno de Aznar una de las viudas del Corona (murieron 78 personas) y recibió como tal la indemnización por la muerte de su marido en el incendio, 138.232,78 euros. Pero, en cambio, no es considerada viuda para percibir la pensión de viudedad que establece la ley para las víctimas del terrorismo (el doble de lo que les correspondería por su cotización, y en todo caso el triple del salario mínimo interprofesional), porque se había vuelto a casar. "Es injusto. Lo he denunciado ante todas las instancias, nadie me hace caso", lamenta.

Teresa Antelo y Alicia Pérez

Atentado contra el gobierno militar de Barcelona (17 de abril de 1994) su marido y padre no se ha recuperado aún del daño psicológico.

Doblemente víctimas

Antonio Pérez Jiménez, catalán de 52 años, ex policía portuario, es víctima por resultar herido en un atentado y víctima por el olvido del Estado. Antonio fue herido en el ataque con bomba perpetrado por los etarras Gregorio Vicario Setién, Felipe San Epifanio (Pipe) y Rosario Ezquerra el 17 de abril de 1994 contra la sede del Gobierno Militar de Barcelona. Seis personas resultaron heridas y un motorista, Vicente Beti, murió ante la mirada horrorizada de Antonio, quien recibió impactos de metralla. Tras 14 días de baja –y con un trozo de metralla incrustado aún en la cabeza, que hoy sigue ahí–, Antonio se reincorporó a su trabajo en el Puerto de Barcelona, junto al Gobierno Militar. Pero no volvió a la normalidad. El infierno se había instalado en las vidas de Antonio Pérez y su familia. "Nadie nos informó de que nos correspondía una indemnización –explica Teresa Antelo, esposa de Antonio– ni de que teníamos derecho a ayudas de estudios. Nadie nos llamó para preocuparse por mi marido", clama indignada Teresa, una mujer que ha sufrido en solitario el deterioro de su marido, que ahora se dedica al mantenimiento de zonas verdes del Puerto de Barcelona. Porque Antonio ha necesitado estos trece años ayuda psicológica: "Mi marido cada vez está peor. Ha desarrollado fobias, paranoias, no es ni la sombra de lo que fue, está hipersensible". Según la sentencia judicial, Antonio estuvo 14 días incapacitado:  "necesitó tratamiento quirúrgico y extracción de cuerpos extraños, le queda cicatriz de 4 centímetros y ocasionales episodios de cefalea con dificultad de apertura de la cavidad bucal". En el juicio que se celebró en 1996 contra Pipe y Ezquerra, se fijó una indemnización para Antonio de "250.000 pesetas por secuelas y 14.000 por lesiones". Nunca ha cobrado, "porque nadie nos avisó de que había un juicio ni de que podíamos cobrar ese dinero", explica Teresa.