domingo, 18 de marzo de 2012

15 marzo 2012 La Vanguardia

15 març 2012

 Respeto para la memoria del 11-M

 Editorial



OCHO años después de los atentados del 11 de marzo del 2004 en Madrid, que dejaron 191 muertos y 1.858 heridos, seguimos padeciendo su fatigoso eco judicial y mediático. De poco sirvió que la justicia española, a diferencia de la de Estados Unidos o el Reino Unido -países también heridos por el zarpazo terrorista- resolviera con diligencia el caso en un macrojuicio que terminó con una veintena de condenados. De poco sirvió que, a continuación, el Tribunal Supremo ratificara la sentencia de la Audiencia Nacional. Los atentados del 11-M siguen siendo un caballo de batalla político, temerariamente cabalgado por intereses que exhiben escaso respeto a la memoria de las víctimas y al dolor de sus deudos. Año tras año, los actos en memoria de los fallecidos, que debieran ser alarde de unidad nacional, se celebran en un clima de división y se rematan con agrias polémicas entre representantes de las distintas asociaciones de víctimas, alguna animada por quienes defienden, sin base sustancial pero con empeño digno de mejor causa, la teoría de la conspiración. Es decir, por quienes recelan de la autoría de fundamentalistas islámicos y sugieren conexiones con ETA u otros agentes, sosteniendo en última instancia que todo fue un ardid para descabalgar del poder al PP y aupar al PSOE.
Dicho eco ha sido amplificado este año por unas declaraciones del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que ordenó una investigación tras la aparición de restos de uno de los vagones afectados el 11-M, días atrás. Esta orden dio alas a los heraldos de la teoría de la conspiración, quienes indicaron que el proceso se iba a revisar. Torres-Dulce los desmintió el lunes afirmando que la sentencia del 11-M era "incontestable", que su iniciativa era de tipo complementario y que en modo alguno suponía reabrir el proceso.
Los atentados del 11-M asestaron un terrible golpe al conjunto de la sociedad española. Fueron de una brutalidad y de un alcance inéditos en un país ya muy baqueteado por el terrorismo. El daño causado a tantas familias fue enorme y ni siquiera el paso del tiempo podrá eliminarlo, aunque en parte lo mitigue. Una sociedad adulta, responsable y cohesionada dispone, sin embargo, de mecanismos para ir atenuando esa memoria del dolor. Algo que no logrará si atiende a quienes elucubran con conspiraciones y a quienes instrumentalizan políticamente el terror, cuando el caso está ya juzgado y condenado, y la "verdad jurídica" está establecida. Por ello, en adelante esperamos tanto del poder judicial como del político la mayor seriedad y la máxima discreción en este asunto de hiriente recuerdo.

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