lunes, 19 de enero de 2015

18 enero 2015 (2) El País

18 enero 2015 



Moncloa da máxima prioridad al plan de lucha contra el yihadismo

Alfonso de Senillosa, jefe del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), defiende un "enfoque integral" del fenómeno




El Consejo de Seguridad Nacional (CSN), que preside Mariano Rajoy, celebrará el próximo viernes una reunión dedicada a  la amenaza yihadista. Será la primera del año y también la primera tras los ataques en París contra el semanario satírico Charlie Hebdo y un supermercado judío. La reunión se celebrará una semana después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a la Ley Orgánica de Seguridad Nacional y tendrá sobre la mesa el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, en el que Interior lleva ya dos años trabajando.


Alfonso de Senillosa (Barcelona, 1968), director adjunto del Gabinete de Rajoy y jefe del Departamento de Seguridad Nacional, asegura que ni la ley ni el plan responden “a un planteamiento coyuntural”. En declaraciones a EL PAÍS, asegura que “ha sido una ley de cocción larga, todo lo contrario a legislar en caliente. La Estrategia de Seguridad Nacional, de 2013, recoge el mandato para impulsar una  Ley Orgánica de Seguridad Nacional. Y en ese mismo documento el yihadismo ya figura como una de las amenazas a las que nos enfrentamos. Los hechos, por desgracia, han demostrado que es prioritaria”.

Senillosa elude calificar de guerra la lucha contra el yihadismo, como hizo el primer ministro francés, Manuel Valls. “Lo importante es entender que la frontera entre los conceptos de seguridad interior y exterior está cada vez más difusa. Los riesgos y amenazas a los que nos enfrentamos tienen muy distintos rostros, pero un denominador común: son trasversales Y justamente por eso hacen falta respuestas integrales para ser eficaces. El terrorismo integrista es un buen ejemplo: para afrontarlo necesitamos múltiples recursos, de la inteligencia a la diplomacia, la integración [de los inmigrantes] o la lucha contra la radicalización. Ese es el gran cambio que afrontamos: hoy necesitamos más coordinación, mayor suma de esfuerzos y un enfoque más integrado ante amenazas que no entienden de fronteras. En materia de seguridad nacional, los compartimentos estancos no funcionan. Esa es la visión del presidente”.

Senillosa justifica la regulación de un nuevo estado de crisis, denominado “situación de interés para la Seguridad Nacional”, porque “se hacía necesario cubrir el hueco entre la gestión de la normalidad y las medidas de excepción [previstas en la ley de Alarma, Excepción y Sitio de 1981]. Con la nueva categoría, ese vacío deja de existir: las autoridades ejercen sus competencias ordinarias y los derechos y libertades quedan protegidos. En esas crisis intermedias, la ley va a permitir una coordinación reforzada de todos los recursos. Su declaración queda reservada al presidente del Gobierno, que debe informar al Congreso tanto de la declaración como de su ámbito territorial y su duración”.

Aunque la legislatura está en su recta final, Senillosa está convencido de que la ley “se aprobará en tiempo y forma”, ya que “este Gobierno quiere impulsar las reformas hasta el último día”. Y confía en que obtendrá el consenso de la oposición, pues “garantizar nuestros derechos y libertades, mejorar la seguridad de los ciudadanos, nos interesa a todos”.
Más allá de la amenaza yihadista, la nueva ley también permitirá, según Senillosa, afrontar crisis como la del ébola. “Lo importante es que el comité, liderado con gran éxito por la vicepresidenta, se basó en la filosofía que inspira la ley. [Pero en adelante] ya no habrá que constituir comités ad hoc cada vez que haya una crisis, sino que el comité especializado apoyará al Consejo Nacional de Seguridad, que será el encargado de gestionarla”.

Policías autonómicas y locales, bajo dirección del presidente

La declaración de “situación de interés para la Seguridad Nacional”, por parte del presidente del Gobierno, obligará a todas las autoridades públicas a colaborar a la resolución de la crisis, poniendo a disposición del Consejo de Seguridad Nacional, o de la autoridad que este designe, todos los medios humanos y materiales necesarios para afrontarla que dependan de ellas. Eso no significa necesariamente, matiza Senillosa, que policías locales o autonómicas dejen de depender de sus mandos naturales, sino que deberán, si se da el caso, coordinarse y actuar “bajo la dirección político-estratégica del presidente del Gobierno”, para esa situación concreta. “De lo que se trata es de reforzar la colaboración y cooperación de todas las administraciones para resolver la situación, No debe haber barreras de ningún tipo cuando hablamos de seguridad”. Tanto es así que responsables autonómicos o locales podrán ser convocados a reuniones del Consejo de Seguridad Nacional.

Una de las novedades de la ley es la posibilidad de movilizar recursos personales y materiales, públicos y privados, en caso de crisis. Según Senillosa, se trata de “adoptar las mismas prácticas vigentes en países de nuestro entorno; es decir, la aportación de recursos a la Seguridad Nacional va a ser gradual y proporcional y, por supuesto, siempre conllevará una indemnización”. La aportación de estos recursos se regulará por ley y se basará en un catálogo de medios humanos y materiales que serían puestos a disposición de las autoridades en caso de crisis.


Para ello será necesario extender, según Senillosa, la cultura de la seguridad, “la conciencia de que sin seguridad no puede haber verdadera libertad, ni democracia, ni progreso económico y social”.

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