lunes, 18 de mayo de 2015

18 mayo 2015 elplural.com

18 mayo 2015 


Arranca el juicio a Santi Potros por intentar matar al fiscal general del Estado en 1986

El entonces fiscal Luis Antonio Burón se libró del atentado de ETA porque 'La Tigresa' y Antonio Troitiño se quedaron dormidos y no lo llevaron a cabo.



El excabecilla de la banda terrorista ETA Santiago Arróspide Sarasola, alias Santi Potros, volverá este lunes a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por ordenar el intento de asesinato el 8 de mayo de 1986 del que fuera fiscal general del Estado LuisAntonio Burón, quien se libró del atentado porque los terroristas Idoia López Riaño,La Tigresa, y Antonio Troitiño se quedaron dormidos.

La Fiscalía solicitará que el exdirigente etarra, considerado también el cerebro del atentado de Hipercor que costó la vida a 21 personas en 1987, sea condenado a 14 años de cárcel como autor por inducción de un intento de asesinato terrorista con alevosía.

En su escrito provisional de acusación, el Ministerio Público señala que los etarras Antonio Troitiño, Iñaki de Juana, Juan Manuel Soares Gamboa e Idoia López Riaño componían el comando Madrid, que recibió las órdenes de Santi Potros para "dar muerte" a Luis Antonio Burón, para lo cual, les facilitó la dirección del domicilio desde el que diariamente se dirigía en su vehículo oficial a su despacho en la Fiscalía General.

El plan consistía en situar un automóvil robado en Zarauz(Guipúzcoa) provisto de tubos lanzagranadas que explotarían al paso del vehículo oficial. Para ello, los etarras vigilaron durante ocho días a la víctima, aunque en el primer intento de atentado vieron frustrado su objetivo porque ese día no pasó por el lugar donde estacionaron el vehículo con lanzagranadas.

El fiscal Juan Antonio García Jabaloy explica que fracasaron en una segunda ocasión porque la "estrechez" de la calle hacía imposible disparar los lanzagranadas, hasta que, el 8 de mayo de 1986, Juan Manuel Soares y Antonio Troitiño colocaron el automóvil con los explosivos en la calle Vallehermoso de Madrid, por donde "necesariamente" pasaría el coche oficial del máximo representante del Ministerio Público.

La Tigresa, desvinculada en la actualidad de la banda terrorista y acogida a la via Nanclares, e Ignacio de Juana Chaos debían hacer estallar los lanzagranadas cuando el fiscal general se subiera a su vehículo. Sin embargo, ambos se quedaron dormidos y el atentado no llegó a cometerse.

Sus compañeros de comando les "recriminaron" su comportamiento y los cuatro decidieron atentar con el mismo vehículo y el mismo día contra el que fuera presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)Antonio Hernández Gil en la confluencia del Paseo de la Habana y la plaza de los Sagrados Corazones de Madrid.

Este procedimiento fue uno de los dos que motivó su detención el pasado 20 de enero y por los cuales permanece en prisión provisional por riesgo de fuga.

Está preso después de que el Supremo decidiera no descontarle la pena cumplida en Francia y que los magistrados de la Audiencia Nacional estimaran que "en cualquier momento puede darse a la fuga" para evitar ser juzgado por los dos atentados cometidos en los años 80 que se le atribuyen. En concreto, además del intento de asesinato de Burón, se le acusa de participar en el atentado contra una patrulla de la Guardia Civil ocurrido en Barcelona en abril de 1987, que causó la muerte de un viandante y heridas de gravedad a dos agentes de la Guardia Civil y por lo que será juzgado el próximo 24 de junio, según informaron fuentes jurídicas.

La Fiscalía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) han pedido que sea condenado a 94 años y cinco meses de cárcel por delitos de asesinato, asesinato frustrado, atentado, estragos terroristas y cinco faltas de lesiones. Además, solicitan que los también condenados por el atentado de Hipercor, Domingo Troitiño, a quien se aplicó la doctrina Parot, y el arrepentido Caride Simon, acogido a la vía Nanclares, declaren en el juicio en calidad de testigos y, por lo tanto, con obligación de decir verdad y colaborar con la Justicia.



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