miércoles, 20 de mayo de 2015

19 mayo 2015 (8) La Vanguardia (opinión)

19 mayo 2015



Organizadores de acto de víctimas de ETA y GAL ven "grave" la anulación






Los promotores del acto de víctimas de ETA y de los GAL que se iba a llevar a cabo en el Congreso han calificado hoy de "grave" que la Cámara haya "prohibido" su celebración y ha acusado al PSOE y PP de no colaborar para "fomentar el camino hacia la paz".
La organización del acto, adscrita a la parroquia San Carlos Borromeo, expresa en un comunicado su "disconformidad y repulsa" porque la Mesa del Congreso haya anulado su anterior decisión de autorizar la celebración en una de sus salas de un acto conjunto de víctimas de ETA y de los GAL, en el que iba a participar un expreso de ETA, después de las críticas de las víctimas del terrorismo y de algunos grupos parlamentarios.
La decisión se ha adoptado por unanimidad de los miembros presentes en la Mesa del Congreso, los del PP y el PSOE, ya que el vicepresidente cuarto, Jordi Jané, de CiU, se encontraba ausente.
"Nos parece especialmente grave que una institución como el Congreso de los Diputados haya prohibido, porque ese es el calificativo que merece esta decisión, la celebración de un encuentro entre víctimas de ETA y de los GAL para hablar de paz, de diálogo, de convivencia o de reconciliación", manifiesta en la nota la organización que pertenece a la parroquia madrileña.
Critica que con dicha decisión ha "quedado patente" que "la agenda política" del Congreso "viene marcada por la voluntad política" de unas asociaciones que "se arrogan el monopolio de las víctimas" y que excluyen a todos los que no están afiliados a ellas.
En este sentido, señala que la revocación se produjo tras "las protestas realizadas en prensa" por, entre otras, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia, lo que motivó que PP y PSOE solicitaran la revocación de la autorización para el encuentro sin haber permitido que la organización rebatiera lo expuesto por las asociaciones.
Además, exponen, la solicitud de cesión de la sala Ernest Lluch para dicho fin "se ajustó en todo momento a la legalidad" y "al reglamento del Congreso" y argumentan que ello consta en el informe jurídico presentado por el Secretario del Congreso con fecha de ayer.
Justifica que el reglamento de la Cámara baja especifica que "la cesión de una de sus salas para un acto externo" debe "ser solicitada por un grupo parlamentario" y que en este caso no fue uno, sino cuatro -el PNV, CiU, la Izquierda Plural y el Grupo Mixto-, los que avalaron la solicitud inicial hecha por 42 diputados.

Opinión:

Al menos hay medios de comunicación que explican bastante bien la información, comentando que no han sido “las” víctimas sino algunas asociaciones de víctimas las que han presionado para que el encuentro no se llevara a cabo.
Ante la información, quedan algunas preguntas que deberían considerarse.

Por ejemplo:

¿Se ha preguntado previamente la opinión sobre el mencionado encuentro a las víctimas representadas por esos supuestos representantes?
¿Se conocen las cifras exactas de quienes pertenecen a ciertas asociaciones, para distinguir quien es y quien no es víctima del terrorismo reconocida por ley?
¿Qué derecho creen tener ciertos representantes de víctimas para imponer su opinión ante las decisiones tomadas por víctimas que NO pertenecen a ninguna asociación?
¿Qué decisión han tomado estos supuestos representantes de víctimas al enterarse de la existencia de alguna perteneciente a su asociación que se entrevistó en la cárcel con el asesino de 24 personas, estrechándole la mano y regalándole un libro?
¿Cómo puede cierto sector de la clase política permitir esa presión mediática?
¿Por qué nadie ha llamado la atención a esos supuestos representantes del colectivo de víctimas que acusaron a Rosa Lluch y Rosa Rodero de padecer “síndrome de Estocolmo”?
¿Que dirían esos supuestos representantes del colectivo de víctimas si hoy leyeran las declaraciones del entonces Ministro de Interior cuando decía que “estaría dispuesto a sentarse con ETA”?



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