19 septiembre 2016 ABC (opinión)

19 septiembre 2016

La familia de Antonio Cedillo busca justicia en Madrid

Asesinado en 1982 por ETA, su caso prescribió por que no se «persiguió» a uno de los autores, localizado en Cabo Verde

Su viuda e hijo, que no ha sido reconocido como víctima del terrorismo, se concentran ante el Ministerio del Interior

Félix Manzanos Martínez formó parte del comando de ETA que el 14 de septiembre de 1982 mató a tiros en el País Vasco a seis policías nacionales, entre ellos a Antonio Cedillo. En 1998 se supo que el asesino estaba en Cabo Verde recibiendo transferencias bancarias del entorno etarra, que se prolongaron durante cinco años. No se le persiguió, no hubo juicio ni sentencia, no se hizo “absolutamente nada”, de modo que el caso ha prescrito. Ahora está en Portugal, por que el presunto criminal tiene un facebook. Así lo asegura el hijo de Cedillo, José Miguel, que junto a su madre y viuda, María Dolores García, se concentraron ayer ante el Ministerio del Interior para exigir “justicia, una reparación”, algo que volverán a hacer hoy y todos los días hasta que el titular del departamento, Jorge Fernández Díaz, les reciba. Se lo pidieron por escrito el 26 de agosto.

La lucha directa de José Miguel para para hacer escuchar su voz comenzó hace cuatro años. Cuando reunió las energías suficientes para localizar quiénes habían sido los asesinos de su padre, una pesadilla a la que nunca se atrevió a mirar de frente durante toda una vida de traumas rodeado de médicos, psicólogos y psiquiatras. Acudió entonces con los datos de que disponía, -narra-, a la Oficina de de Atención a Víctimas del Ministerio del Interior, donde certifica que recibió la misma respuesta que hace una semana le dio a su madre en persona el subsecretario de la misma institución, Luis Aguilera: “Que iban a hablar con la Fiscalía para ver el procedimiento que se había seguido, pero no lo hacen”. De ahí que hayan decidido dar un paso más.

«Nunca he estado bien»

“Yo no he estado bien nunca... el primer año estuve sin comer y sin hablar” narra en conversación con ABC este joven, hoy con 37 años, que recuerda con detalle sobrecogedor cómo la misma tarde del crimen, cuando él solo tenía 3 años, su madre y él fueron trasladados en un Hércules de las Fuerzas Armadas hasta su Sevilla de origen, donde han permanecido todo este tiempo. Un tiempo de niñez y adolescencia durante el que, describe, “pensaba que en cualquier momento, a cualquiera nos podían quitar de en medio... no quería ni vivir ni salir”. De la experiencia y de la memoria brotan reflexiones duras, como esa en la que dice “yo no puedo morirme sin saber...” o aquella en la que afirma que “el atentado más gordo es el que se comete todos los días con nosotros” refiriéndose a los familiares e hijos de los muertos de ETA que, como él, no han sido reconocidos como “víctimas del terrorismo”. Y esa es su otra batalla

Y es que, a pesar de que la Ley de Reconocimiento y Protección de Víctimas del Terrorismo establece en su artículo 4.1 que “Son titulares del derecho las personas fallecidas o que han sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y que, a los efectos de la Ley, son consideradas como víctimas del terrorismo”, personas como José Miguel, a quienes les fueron robados sus padres por la barbarie, no lo han conseguido.

Interior ha dado una contestación, recordando que José Miguel presentó en febrero de 2013 un recurso para recibir esa condición de víctima del terrorismo que fue desestimado en el mes de mayo del mismo año porque el huérfano es «víctima indirecta» con derecho a ayudas por orfandad. Ante ello, -añade el departamento-, la familia presentó un nuevo recurso por la vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional, que sería desestimado por la Sala 5 al considerar que la víctima directa del terrorismo es el agente asesinado y no su hijo, que tenía 3 años cuando se produjo el atentado, informa Ep.

La frustración por esta circunstancia no ha hecho más que añadir más sufrimiento al que supone la impunidad. El desamparo. “Si me dan una pensión, no la quiero”, se defiende José Miguel para disipar la sombra de que busca dinero e insiste en que no es eso, sino un cambio en la ley si es necesario para que pueda reabrirse el caso de su padre y para que no se dejen fuera a las “víctimas de segunda generación con secuelas acreditadas médicamente”. “Una vez me dijeron que éramos muchos niños como yo...”, desliza acordándose de una conversación en un sitio oficial.

Dicho en las propias palabras de José Miguel: “Evidentemente algo falla en nuestro sistema cuando ni el Gobierno es sensible con el reconocimiento que dicta la Ley ni los tribunales lo entienden así. Como en la interpretación de la ley se deja fuera a las víctimas de segunda generación, por salud democrática, por dignidad, por solidaridad y por justicia, se impone un cambio legislativo que defina en toda su extensión sin lugar a duda posible la condición acreditada de víctima del terrorismo. Los huérfanos de ETA que no podemos desarrollar una vida digna con las mismas oportunidades que el resto de personas de nuestra generación no podemos quedarnos fuera del reconocimiento y de la protección del Estado. ETA nos robó a nuestros padres. El Estado nos está robando las posibilidades de tener un futuro digno”.

Opinión:

Ya expliqué en una opinión anterior mi relación como delegados de la antigua AVT con María Dolores desde 1990. Ahora solo quiero dejar constancia de las dificultades con las que se van a encontrar para ver satisfechas sus reclamaciones.

¿Qué se puede esperar de un ministerio que no se preocupa lo más mínimo de las víctimas a las que tanto dice reconocer, admirar, apreciar…. Mientras solo se reúne con las que les ríen las gracias?

Del mismo modo que desde el ministerio han otorgado reconocimiento como víctima del terrorismo a gente que solamente aportaba un documento diciendo que “estaba en el lugar del atentado”, ese ministerio tiene la insensibilidad de no reconocer como víctimas a aquellas personas que sufren las secuelas derivadas del asesinato de un padre o de un hijo.

Del mismo modo que desde el ministerio han otorgado reconocimiento como víctima del terrorismo a gente que, 20 años después de un atentado presentaba un informe médico, ese ministerio tiene la insensibilidad de no reconocer como tales a aquellas personas que sufren las secuelas derivadas del asesinato de un padre o de un hijo.

De un ministerio que es capaz de decir que las secuelas psiquiátricas que sufren un matrimonio tras el asesinato de sus dos hijos pequeños en atentado terrorista no son consecuencia del atentado por no estar con ellos en el lugar del suceso ¿qué se puede esperar?

De un ministro que es capaz de comparar décadas de años de atentados en el País Vasco con una discusión de cinco segundos en el ayuntamiento de Barcelona por una bandera aquí o allá, hablando incluso de “regueros de sangre” ¿qué se puede esperar?

Si un ministro dedica (según las noticias publicadas) 1.500.000 de euros a pagar informes falsificados contra rivales políticos mientras deniega 30.000 euros para localizar a 280 víctimas del terrorismo en Cataluña ¿cabe esperar algún tipo de sensibilidad por su parte?

¿Se puede esperar algo positivo de un ministerio que aprueba una legislación en la que un español que sufre un atentado en el extranjero recibe una indemnización del 60 por ciento menos a si el atentado fuera en España?