martes, 21 de marzo de 2017

18 marzo 2017 (7) eldiario.es (opinión)

18 marzo 2017



A setas o a rolex

Si la respuesta debe ser exclusivamente legal y jurídica -porque ETA es una banda de delincuentes y de criminales- difícilmente podremos exigirle a una organización delictiva nada en términos morales ni aplicarle nada que no sea estrictamente lo que el Estado de Derecho determina

La cuestión del fin de ETA es poliédrica y difícil de abarcar aquí de forma global. Por eso opto hoy por analizar la respuesta del partido en el Gobierno al anuncio de que ETA entregará unilateralmente sus arsenales el día 8 de abril. Me llama la atención no sólo por la aparente inamovilidad de sus asertos sino también por el hecho de que, escuchándoles, uno termina por pensar que en esto del terrorismo nunca han terminado de explicarnos si van a setas o a rolex. No sabemos si nos hablan desde lo jurídico o desde lo político o si lo mezclan o lo alternan en función del momento.
El anuncio de ETA es una buena noticia, aunque los populares se nieguen a verbalizarlo. Podría discutirse si es o no es el paso final, pero no que es un paso positivo. Sólo Cristina Cifuentes se ha atrevido a decirlo con claridad. La postura oficial es la de “aplicar la ley” y la de exigir “que de paso se disuelvan” en versión rajoyana o, con más precisión, “que se disuelvan, que pidan perdón, que ayuden a resolver los crímenes pendientes, que indemnicen y que acaten la ley”, como predica González Pons. Lo de que predica no es una metáfora porque el popular casi enumera las fórmulas de reparación del pecado sin pensar que, con la ley en la mano, no es posible entrar en esas demandas. Y ahí es a donde yo quería ir. ¿El Partido Popular se manifiesta en términos de una respuesta exclusivamente jurídica, como parece decir, o política como se puede colegir? ¿A setas o a rolex? La respuesta jurídica ha sido la constante desde hace años en la lucha contra el terrorismo. Con toda la ley y sin ir más allá de la ley. Ir más allá de ésta nos retrotrae a los execrables crímenes de Estado por los que deberíamos estar más dolidos y arrepentidos de lo que nos mostramos. El fin no justifica los medios y el hecho de que el Estado, que debe proteger a los ciudadanos, ordene torturar y asesinar es de una iniquidad difícilmente olvidable. Muchos, sin embargo, se lo echan al coleto.
Si la respuesta debe ser exclusivamente legal y jurídica -porque ETA es una banda de delincuentes y de criminales- difícilmente podremos exigirle a una organización delictiva nada en términos morales ni aplicarle nada que no sea estrictamente lo que el Estado de Derecho determina. En ese sentido podríamos entender que cuando una banda armada deja de cometer delitos y de mantener una estructura para ello y entrega sus armas se ha producido su desaparición de facto. Poco sentido tiene hablar de vencedores y vencidos, de rendiciones y de perdones, en un asunto de crimen y de Derecho, si no es de forma metafórica. A ningún criminal se le pide más que cumpla su pena. No se le puede obligar ni a colaborar con la Justicia ni a arrepentirse ni a pedir perdón aunque la legislación antiterrorista rompió ya algunas de estas reglas del derecho penal.
Así que cuando el Partido Popular se encastilla en ese discurso produce la paradoja de no querer visualizar cual es la realidad actual. ETA ha desaparecido de hecho en la sociedad. La convivencia en libertad, la situación actual en Euskadi, nada tiene que ver con la provocada por los terroristas cuando cometían sus crímenes. La democracia ha eliminado la amenaza terrorista y la ausencia de violencia ha propiciado que la propia izquierda abertzale necesite que la sombra de ETA desaparezca del panorama para permitirse hacer política en igualdad de condiciones. Y, por su parte, la sociedad vasca necesita continuar por un camino que quiere recorrer y en el que la voz del Partido Popular se queda bastante sola al anclarse en posturas que lastran el imparable y necesario avance hacia una paz social inclusiva y restaurativa.
Un ejemplo es la denominada política de dispersión y alejamiento -que es decisión política y no consecuencia jurídica- y que supone una pena no determinada por las leyes para personas que no han sido condenadas jamás, como son los familiares de los presos etarras. El PP se mantiene en la posición cerrada de mantener una medida administrativa y finalista, que en su día se consideró útil, como muestra de una firmeza que esgrime aunque olvida que si algo contribuyó a la situación actual en el ámbito político del gobierno fue la actitud de exploración y diálogo de los gobiernos de Zapatero.
El terrorismo ha desaparecido del panorama español y con él la última manifestación de la tercera oleada de terrorismo internacional, el terrorismo etno-nacionalista. El anacronismo de sus postulados se une a la lucha legal y a la entereza de una sociedad que no claudicó ante la amenaza y la muerte. Sigamos adelante. Hagan lo que hagan ya no marcan el paso. Las heridas de sus crímenes serán restañadas quieran o no quieran. La convivencia y la libertad serán la mejor reparación para las víctimas de su barbarie. Ponerle freno a ese avance no puede constituir una opción. Para nadie. Tampoco para el Partido Popular.

Opinión:

El artículo de Elisa Beni implica diversas cuestiones que merecen atención. Contra el terrorismo se lucha a nivel jurídico y político pero es cierto que aplicar medidas que mezclan ambas posturas lleva a engaño a mucha gente que no sabe distinguir entre ellas.
Y ello ha llevado a la confusión que permite el hecho de que aparezcan ciertos políticos y hasta ciertas víctimas (o no víctimas que para el caso les da igual) aportando opiniones como si fueran el pensamiento oficial mientras no se han dignado ni tan siquiera consultar antes a los interesados.
Por suerte, ya empiezan a florecer muchos medios que colaboran en explicar que existen diferentes opiniones en el colectivo y que todas deben ser respetadas.

Todas son todas y no algunas sobre otras.

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