06 abril 2017
ETA abordará su
disolución nada más culminar la entrega de armas
En las próximas
semanas se conocerá la decisión de los reclusos etarras sobre la aceptación o
rechazo de la legalidad penitenciaria
El proceso de desarme de ETA, que culminará el próximo sábado, abrirá
el debate interno sobre la disolución de la banda terrorista que se prolongará
durante varios meses. David Pla, interlocutor de ETA y último jefe de su
aparato político, anunció el pasado 18 de febrero, en una entrevista aGara desde
la prisión francesa en la que permanece encarcelado, que, tras su desarme, la
banda terrorista se declarará como “organización desarmada” y abrirá un proceso
de reflexión sobre su futuro. En las próximas semanas se conocerá la decisión
de los reclusos etarras sobre la aceptación o rechazo de la legalidad
penitenciaria.
Son tres
las opciones que ETA debe debatir sobre su futuro, según medios abertzales:
proseguir como organización socio-política desarmada, su disolución paulatina
sin comunicarlo públicamente y la disolución comunicada. En los medios abertzales consultados se da por descartada la
continuidad de ETA como organización socio-política: “Es inviable. ¿Con qué
estatutos se presenta? ¿Quién asume la portavocía?”. La hipótesis de la
continuidad de la banda como organización perjudicaría, además, los intereses
de la izquierda abertzale que
tiene como prioridad pasar página del capítulo de la violencia cuanto antes,
destacan en medios próximos al PNV. “Cada vez que ETA opinase, perjudicaría a
la izquierda abertzale al
remover el pasado”, añaden estas fuentes.
A
diferencia del pasado, cuando ETA mandaba sobre la izquierda abertzale, desde
los meses previos al cese definitivo del terrorismo, en octubre de 2011, las
tornas han cambiado. Hoy la influencia de la izquierda abertzale sobre los restos de ETA es decisiva
por lo que el debate se concentrará entre una disolución reconocida y
comunicada o una disolución paulatina. Fuentes conocedoras del proceso señalan
que una disolución paulatina y no reconocida puede resultar menos “humillante”
para la banda. Pero la ausencia de reconocimiento puede perjudicar a sus presos
porque el Gobierno del PP exige como condición para cambiar su política
penitenciaria su disolución reconocida.
Medios del
Gobierno vasco no ocultan su preferencia
por una disolución reconocida porque “facilitaría el acercamiento de
presos etarras a cárceles próximas al País Vasco así como el cambio en la
política penitenciaria, una decisión cuya competencia detenta el Gobierno de
Rajoy, quien no se ha movido de su exigencia previa de disolución de ETA en sus
más de cinco años de mandato”.
Dadas las
dificultades de comunicación que tienen entre sí los restos de la banda
terrorista, el proceso de debate y decisión se prolongará durante varios meses,
aunque medios abertzales calculan
que finalizará antes del final de 2017. “También pesará en el retraso de la
decisión, la escenografía de la disolución si, finalmente, los restos de ETA
optan por ella. No hay más que ver el tiempo que ha tardado ETA en dar con el
procedimiento de desarme, aunque en el caso de la disolución el tiempo le apremia
porque afecta a los presos”, señalan fuentes conocedoras del proceso. Tal y
como denuncian algunas personalidades críticas con este proceso, el grupo
terrorista está tratando de blanquear su derrota presentándola como un desarme
voluntario y tratará de hacer lo mismo con su disolución: “Lo vista como lo
vista, ETA ha sido derrotada por la democracia. Finalizó el terrorismo sin
lograr sus objetivos y se desarma obligada”, coinciden la mayoría de los
partidos democráticos vascos.
Pero antes, posiblemente en las próximas semanas, se
conocerá la decisión de los presos etarras sobre la aceptación o rechazo de la
legalidad penitenciaria y de su reinserción individual que decidieron someter a
debate y votación el pasado diciembre. La izquierda abertzale aboga por que los presos etarras
asuman la legalidad penitenciaria y confía en que esta posición supere las
resistencias en el seno del colectivo, procedentes de penados con largas
condenas de prisión afectados por la última reforma del Código Penal. El
lehendakari Iñigo Urkullu pretende
abrir un paréntesis para alcanzar un acuerdo con el Gobierno y el resto de los
partidos para afrontar la nueva etapa que comienza tras el desarme de ETA. “El
Gobierno vasco quiere abrir la nueva etapa con un acuerdo amplio y eso requiere
tiempo. También se necesita tiempo para que los presos de ETA asuman la
legalidad penitenciaria; para que el PSOE elija su nueva dirección y el
Gobierno del PP no sienta que una posible nueva orientación de la política
penitenciaria se interprete como el precio que ha pagado por el desarme etarra,
lo que no está dispuesto a permitir”.
El acto clave será
privado
El acto
clave del desarme, cuya fecha límite es la mañana del 8 de abril, será la
entrega de las localizaciones de los depósitos de ETA por parte del Comité Internacional de
Verificación, coordinado por Ram Manikaningam, a la justicia francesa. El
desarme “legal, completo, verificado y sin contrapartidas”, como lo define el
Gobierno vasco será un acto privado. Su contenido, el del inventario del
armamento se dará a conocer posteriormente. Las localizaciones de los depósitos
no se harán públicas. El Comité Internacional de Verificación cuenta con el aval
del Gobierno vasco. Será el que verifique que la entrega de armas tiene todas
las garantías, de acuerdo con la información de que dispone de las fuerzas de
seguridad.
En este
cometido la discreción es clave. Urkullu ya tiene experiencia. En octubre de
2011, siendo entonces presidente del PNV, también jugó un papel clave, desde la
sombra, en la gestación de la
Declaración de Aiete que, con presencia de representantes
internacionales, entre ellos Kofi Annan, ex secretario general de la ONU , facilitó que ETA declarara
el cese definitivo del terrorismo. Entonces gobernaba el PSOE en España.
Opinión:
Son tantas las noticias publicadas sobre el desarme de la
banda terrorista ETA y las consecuencias (sobre todo políticas) que me centraré
en una sola cuestión de esta noticia concreta: “la decisión de los reclusos etarras sobre la aceptación o rechazo de la
legalidad penitenciaria” no debe ser una condición para nada porque la
legislación debe cumplirse.
Los reclusos de la banda terrorista ETA pueden decir lo que
quieran pero la condena que deben cumplir ha de ser hasta el último día
marcado, no se puede otorgar un premio (fuera de la legislación) por el hecho
de dejar de matar…
Pero cuando aparece esta cuestión recuerdo las palabras de
otra víctima, mi amigo y maestro en la asistencia a víctimas del terrorismo cuando
en 1998, tras las declaraciones del entonces presidente Aznar tras la oferta de
tregua de ETA, me dijo que “habrá que estar muy pendiente de lo que haga ahora
el gobierno porque son capaces de cualquier cosa”.
Cuando pedimos explicaciones a Presidencia del Gobierno se
inició el fin de la antigua AVT.
¿Qué harán los que están ahora que, evidentemente, no
estaban en aquellos años tan duros?
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