09 abril 2017
Un
desarme forzado
ETA se ha visto forzada a entregar
las armas teniendo en mente, como una espada de Damocles, la afirmación de
Arnaldo Otegi en 1999: la foto de la entrega de las armas sería la foto de la
derrota
Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de
Víctimas del Terrorismo
El desarme de ETA, al igual que el abandono previo del
terrorismo, no es el resultado de una evolución política sino la consecuencia
de haber perdido todos los pulsos que la banda ha ido echando al Estado y del
fracaso de las estrategias que los etarras pretendieron llevar a cabo en los
últimos años. A falta de conocer los detalles de cómo se lleva a cabo ese
desarme, se puede asegurar que ese paso no tiene nada de unilateral sino que ha
sido forzado. Es una paradoja, pero la resistencia a deshacerse de sus
arsenales se había convertido en un problema para ETA, pero no para los
gobiernos de España o Francia.
La idea de desarme unilateral no ha figurado en los planes
de ETA hasta hace pocos meses. La idea de la entrega a un gobierno de las armas
intactas apenas tiene un trimestre de antigüedad. Es ilustrativo ver cómo el
grupo terrorista fue planteando su estrategia en este campo tras el anuncio del
abandono de la violencia en octubre de 2011. En aquella fecha, ETA envió a su
equipo negociador a la capital noruega a esperar la llegada de los
representantes del Gobierno de España para iniciar una negociación en los
términos establecidos en la declaración de la Conferencia de Aiete.
Los representantes del Gobierno, sin embargo, nunca llegaron. En 2012 ETA
utilizó a la Comunidad
de San Egidio para preguntar si el ejecutivo de Rajoy estaba dispuesto a ir a
Oslo y la respuesta fue negativa.
Mientras tanto, la banda no hizo sino difundir mensajes de
sus propósitos negociadores. El 17 de mayo de 2012, ETA difundió un comunicado
en el que anunciaba que había nombrado una delegación "para abordar el
diálogo con los Gobiernos de España y Francia" en los términos
establecidos en la declaración de Aiete. Los dirigentes de ETA Mikel Albisu,
Antza, y Soledad Iparragirre, Anboto, aprovecharon un juicio que tenía ante un
tribunal de París el 13 de noviembre para reclamar una negociación que debía
tener como ejes el desarme, la desmilitarización y los presos. Unos días más
tarde, el 25 de noviembre, otro comunicado de ETA establecía de forma precisa
la agenda que pretendía llevar a las negociaciones:
– "Plazos y fórmulas para que regresen a casa todos
los presos y exiliados políticos vascos.
– Plazos y fórmulas del desarme, la disolución de las
estructuras armadas y desmovilización de los militantes de ETA.
– Pasos y plazos para la desmilitarización de Euskal
Herria, adecuando al final de la confrontación armada, las fuerzas armadas que
están en Euskal Herria".
El documento dejaba clara la vinculación del desarme a un
acuerdo que conllevara la excarcelación de los presos, la vuelta a casa
de los terroristas huidos y la retirada de efectivos policiales. La
unilateralidad no aparece por ninguna parte.
Los acontecimientos, sin embargo,
hicieron inviables los planteamientos de ETA por la negativa del Gobierno
español a sentarse en la mesa de negociación de Oslo. Esa situación terminó
generando tensiones entre los etarras y los verificadores ya que los primeros
se negaron, en enero de 2013,
a flexibilizar sus posturas tal como les pedían los
segundos. La rigidez de los tres representantes de la banda, que se negaban a
que los verificadores intervinieran en la cuestión del desarme por ser un
asunto a negociar con los gobiernos de España y Francia, provocó que el
Gobierno de Noruega acabara expulsándolos del país el 18 de febrero del mismo
año. Esa medida, considerada por ETA "un paso atrás", echó por tierra
de manera definitiva el plan de Aiete al que la banda se aferraba.
Un comunicado de ETA fechado el 17 de marzo, un mes después
de las expulsiones, daba a entender el foco de las diferencias con los
verificadores: "ETA quiere aclarar que el tema del desarme está fuera del
mandato que recibió el Comité Internacional de Verificadores en su creación y,
por eso, no ha estado ni está en la agenda de trabajo de ETA ni del Comité
Internacional de Verificadores". Un año más tarde cambiaría de opinión
para convertir a los verificadores en testigos del "sellado", que no
desarme, de sus armas. El vídeo del famoso sellado resultó un fiasco y dejó la
credibilidad de los verificadores bajo cero y a ETA en el ridículo.
ETA terminó asumiendo que el Gobierno español no iba a ir a
la mesa de negociación y las elecciones echaron por tierra la esperanza etarra
de que hubiera un nuevo ejecutivo dispuesto a hablar con la banda. Tampoco
funcionó la estrategia de conseguir la implicación del Gobierno francés al
margen del español a pesar de los muchos mensajes enviados a París y de las
gestiones de intermediarios diversos.
Al final, ETA estaba presionada desde todos los flancos
para que entregara las armas cuanto antes: presionada por la Guardia Civil y los
servicios de información franceses (DCSI) que estaban encima de cualquier
movimiento de los arsenales como se evidenció en 2015 y en diciembre de 2016;
presionada por los presos que necesitaban algún gesto de ETA con la esperanza
de que fuera correspondido con una mejora de sus condiciones penitenciarias y
presionada por una izquierda abertzale que no desea que el expediente etarra
siga lastrando su política. ETA se ha visto forzada a entregar las armas
teniendo en mente, como una espada de Damocles, la afirmación de Arnaldo Otegi
en 1999: la foto de la entrega de las armas sería la foto de la derrota.
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