13 marzo 2018
“Los presos no han
acreditado su desvinculación con ETA”
El Gobierno español afirma que ha denegado el segundo grado
a 54 reclusos porque les falta el “requisito fundamental”
El Gobierno español afirma que el principal argumento para
denegar a los presos de ETA su acceso al segundo grado penitenciario es que no
han acreditado su desvinculación de la banda. Moncloa confirmó ayer la
información publicada por este diario que daba cuenta de la negativa del
Ejecutivo de Rajoy a todas las solicitudes realizadas por los reclusos para
progresar de grado penitenciario.
Fuentes penitenciarias consultadas por la agencia Efe confirmaron
ayer que el Gobierno español, a través de las juntas de tratamiento de las
cárceles o de Instituciones Penitenciarias, han rechazado las peticiones de
salir del primer grado y ser clasificados en segundo grado y de este modo
mejorar su régimen de vida interno e incluso abrir la opción a disfrutar de
permisos de salida de la prisión y otros beneficios penitenciarios. Estas
fuentes justifican la negativa en que “no han acreditado un requisito
fundamental: su desvinculación con la banda terrorista”. Además subrayan que
ETA no se ha disuelto.
Los abogados de los presos sostienen que la respuesta
ofrecida por el Gobierno español no ha sido individualizada sino un
documento-tipo para todos los presos. Ese escrito idéntico para todos subraya
que “de la conducta global del preso no se puede inferir, por el momento, su
capacidad para una normal convivencia”.
La contestación, recogida en un informe realizado por los
letrados de los presos a petición del Foro Social Permanente, se completa con
el argumento de que “la gravedad de los hechos delictivos, vinculados con la
actividad de una organización terrorista aún no disuelta, así como la cuantía
de la condena impuesta determinan su continuidad en un régimen de vida cerrado
para garantizar el objetivo final de su internamiento y la seguridad de la
prisión”.
Las mismas fuentes penitenciarias aseguran que en las
últimas semanas han sido 54 presos los que han recurrido su clasificación
actual de primer grado, el más estricto y en el que son clasificados los
miembros de ETA cuando ingresan en prisión. Según los abogados de los presos
esa cifra se eleva hasta el doble y en todos los casos la respuesta de
Instituciones Penitenciarias al requerimiento ha sido negativa. Las solicitudes
empezaron a realizarse a finales del año pasado. El secretario de Derechos
Humanos y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, calificó de “mala
noticia” que el Gobierno español haya denegado todas las peticiones de acceso a
segundo grado. Fernández señaló que se debería preguntar al Gobierno español
“por qué no le hacen caso a las instituciones vascas”. “La excusa no puede ser
la ley, ya que con la misma ley se puede hacer una política o la otra, y ahora
estamos viendo que en Francia se están dando otros pasos distintos”, agregó.
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, enmarcó
la negativa de Interior dentro del “tiempo preelectoral” que se vive en el
Estado. “Me da la sensación de que en este ámbito vivimos una especie de tiempo
preelectoral. Algunos, con las encuestas, se ponen nerviosos y un tema tan
sensible puede hacer que el PP todavía se encastille más en posiciones de
inmovilismo”, advirtió.
Opinión:
Si los terroristas quieren aprovecharse de las ventajas que
les ofrece una legislación garantista también tienen que acatar lo que esa
misma legislación les obliga a hacer. Y ello no es mas que reconocer el resto
de normativas que, aunque no les gusten, deben acatar.
De la legislación no se puede escoger solo lo que interesa
a los propios intereses.
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